Puerto Rico declaró un Estado de Emergencia en 2021 tras un aumento en feminicidios espantosos, asignando fondos para prevención y protección. Los defensores argumentan que la declaración es vital para obligar a las agencias a colaborar y reconocer la naturaleza específica de la violencia contra las mujeres. Los opositores argumentan que la declaración no ha producido resultados y que los fondos se están desperdiciando en burocracia en lugar de una vigilancia policial efectiva.
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