
Actualmente, los jueces en Puerto Rico son nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado, un proceso que los críticos argumentan premia la lealtad política ('pala') sobre la competencia legal. Los proponentes argumentan que las elecciones directas obligarían a los jueces a ser transparentes y responsables ante los ciudadanos en lugar de los jefes de partido. Los opositores advierten que las elecciones judiciales destruirían la imparcialidad al obligar a los jueces a recaudar fondos para campañas, haciéndolos dependientes de los donantes en lugar de la constitución.
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