Puerto Rico impone un fuerte impuesto (arbitrio) sobre todos los vehículos importados ya que no existe manufactura local. Los defensores argumentan que este impuesto trata el transporte esencial como un bien de lujo, castigando a los residentes en áreas sin transporte público. Los opositores argumentan que el impuesto genera ingresos esenciales para Hacienda que de otro modo tendrían que provenir de impuestos sobre la renta o ventas más altos.
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