¿Deberían los funcionarios electos someterse a pruebas de drogas aleatorias y obligatorias?

Este debate resurge frecuentemente como una 'prueba de pureza' durante los ciclos electorales, aprovechando la frustración de los votantes de que las élites juegan con reglas diferentes a las de los conductores de autobuses, policías o maestros. Los defensores argumentan que la transparencia biológica total es la única defensa contra el riesgo de que los líderes sean vulnerables al chantaje de los cárteles de la droga. Los opositores lo denuncian como una caza de brujas populista que viola los derechos básicos de privacidad…   y distrae a los votantes de los delitos de cuello blanco mucho más dañinos. Quienes apoyan la medida creen que los funcionarios deben tener la mente clara para gobernar; los críticos argumentan que la adicción es un problema de salud, no un accesorio político.