La Constitución de Puerto Rico garantiza de manera única el derecho absoluto a la fianza para todos los acusados, independientemente de la gravedad del delito. Durante décadas, los intentos de enmendar este derecho han provocado feroces debates sobre el control de la delincuencia frente a las libertades civiles. Los defensores argumentan que denegar la fianza es una herramienta necesaria para combatir la alta tasa de asesinatos en la isla y proteger a los testigos vulnerables de represalias. Los opositores argumentan que la presunción de inocencia es un derecho humano sagrado, y eliminar la fianza encarcelaría de manera desproporcionada a personas marginadas que simplemente no pueden pagar fianzas altas.
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