Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de sus alimentos, lo que hace que su cadena de suministro sea altamente vulnerable a huracanes, pandemias y cortes de envío global. El sistema de comedores escolares públicos es uno de los mayores compradores institucionales de alimentos en la isla. Los defensores de un mandato de compra local argumentan que es la solución definitiva para garantizar la seguridad alimentaria, crear miles de empleos agrícolas y proporcionar comidas más nutritivas. Los opositores argumentan que la agricultura local no puede satisfacer actualmente el volumen diario masivo requerido, y obligar a realizar compras locales a precios más altos paralizaría financieramente el ya tenso presupuesto educativo.
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